Casas Viejas

 Casas Viejas

La Segunda República Española suele dividirse, en lo tocante a sus gobiernos, en tres tiempos bien definidos. Un primer bienio —llamado constitucional— en el que las izquierdas alumbran la arquitectura legal del nuevo régimen; un segundo, dominado por las derechas, durante el cual tiene lugar la mal llamada Revolución de Asturias de 1934; y un tercero, el del retorno de las izquierdas bajo el Frente Popular.

Cada uno de estos periodos tuvo, por así decirlo, su propia sepultura política. La del Frente Popular fue la guerra civil; la del bienio de derechas, los escándalos que minaron su crédito; y la del primer bienio, más temprana y quizá más trágica en su simbolismo, fue el episodio de Casas Viejas. Tan áspero, tan incómodo, que hasta el nombre del lugar —hoy Benalup-Casas Viejas— parece querer suavizar su memoria.

Corría el año 1933 cuando el anarquismo, fatigado de promesas incumplidas, decidió pasar de la espera a la acción. Hasta entonces había sido compañero de viaje de la República, pero un compañero difícil. Frente al reformismo burgués de muchos republicanos, e incluso frente al socialismo posibilista de figuras como Julián Besteiro, los anarquistas se mantenían fieles a su horizonte de comunismo libertario, sin concesiones ni plazos.

A este divorcio ideológico vino a sumarse el fracaso —parcial, pero dolorosamente visible— de la reforma agraria. Fallos de diseño, resistencia de los propietarios y, sobre todo, la falta de recursos, dejaron a muchos jornaleros en la misma miseria de antes, cuando no en peor. Medidas como la Ley de Términos Municipales, bienintencionadas en su origen, terminaron por encerrar a no pocos trabajadores en comarcas sin empleo posible.

Así, el campo andaluz se convirtió en terreno abonado para la agitación. Tras las acciones de la Federación Anarquista Ibérica en 1932 —que costaron la deportación de líderes como Buenaventura Durruti o Francisco Ascaso—, la insurrección de enero de 1933 extendió su llama por diversas ciudades y, sobre todo, por la baja Andalucía.

En ese contexto se sitúa Casas Viejas, entonces pedanía de Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz. Una aldea de unos mil doscientos habitantes, casi todos jornaleros, donde el paro alcanzaba cifras estremecedoras. De las seis mil hectáreas cultivables de la zona, apenas una quinta parte se trabajaba. El hambre no era metáfora, sino costumbre.

El 11 de enero, un grupo de anarquistas locales, siguiendo consignas generales, tomó las armas —escopetas de caza—, izó la bandera rojinegra y se dirigió al cuartel de la Guardia Civil. Hubo tiroteo; dos guardias resultaron heridos. Durante unas horas, los sublevados dominaron el pueblo.

La reacción del Estado no se hizo esperar. Desde Cádiz llegaron refuerzos de la Guardia de Asalto al mando del teniente Fernández Artal, que logró restablecer parcialmente el orden. Sin embargo, un pequeño grupo de insurrectos, encabezado por «Seisdedos», se atrincheró en una vivienda, dispuesto a resistir.

Mientras tanto, en Madrid, la maquinaria del poder comenzaba a moverse con inquietud. En la Dirección General de Seguridad, su titular, Arturo Menéndez, bajo presión para sofocar cualquier conato revolucionario, ordenó el envío de refuerzos desde la capital. Al frente de ellos iba el capitán Manuel Rojas.

Es aquí donde la historia adquiere su tono más sombrío. Según diversos testimonios, Menéndez transmitió órdenes de extrema dureza: evitar, en la medida de lo posible, heridos y prisioneros. Una consigna que, en manos de quien debía ejecutarla, podía traducirse fácilmente en licencia para el exceso.

A la mañana siguiente, en Casas Viejas, Rojas decidió poner fin al asedio mediante el fuego. La choza de Seisdedos fue incendiada con medios rudimentarios. Algunos ocupantes lograron salir; otros fueron abatidos al intentarlo; el resto murió abrasado. La tragedia, en sí misma, habría bastado para marcar el episodio.

 Pero no fue el final.

Tras el incendio, se practicaron detenciones masivas. Y en un acto que desbordaba cualquier legalidad, un grupo de detenidos —desarmados, atados— fue ejecutado sumariamente. Aquella decisión convirtió lo que podía haber sido una represión dura en una matanza sin paliativos.

El Gobierno, presidido por Manuel Azaña, reaccionó inicialmente con una versión incompleta y atenuada de los hechos, transmitida por el ministro Santiago Casares Quiroga. Sin embargo, la realidad se abrió paso. Periodistas como Ramón J. Sender y Eduardo de Guzmán llevaron al papel testimonios que desmentían el relato oficial.

Cuando las Cortes reanudaron sus sesiones, el escándalo era ya inevitable. Interpelaciones como la de Eduardo Ortega y Gasset pusieron cifras y nombres a lo ocurrido. La intervención de Alejandro Lerroux forzó a Azaña a responder, y lo hizo con una frase que ha quedado como una losa en su memoria: «en Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir».

Aquellas palabras, más que aclarar, enturbiaron. La creación de una comisión parlamentaria, resistida primero y aceptada después, no logró disipar la impresión de que el Gobierno había querido, cuando menos, ganar tiempo.

Con el paso de las semanas, las pruebas se acumularon. Declaraciones, careos, informes. El propio Rojas terminó por admitir la realidad de los fusilamientos. Menéndez dimitió. El Parlamento debatió, votó, concluyó. Pero la herida ya estaba abierta.

Políticamente, el daño fue profundo. La confianza en el Gobierno se erosionó, y aunque la mayoría parlamentaria logró sostenerlo a corto plazo, la opinión pública —ese tribunal sin acta pero con memoria— no olvidó. Las derrotas electorales posteriores y la dimisión de Azaña en septiembre de 1933 no pueden entenderse sin la sombra de Casas Viejas.

¿Qué juicio cabe hacer, a la distancia? No es sencillo. Algunos han sostenido la ignorancia de Azaña; otros la niegan. Pero en un sistema democrático, la responsabilidad no se agota en el conocimiento directo. Gobernar es responder, también, de lo que se hace en nombre propio.

Más difusa aún es la figura de Menéndez, cuya orden —si efectivamente fue tal— difícilmente se explica sin un clima político que la hiciese concebible. Y en ese clima, hecho de miedo a la revolución y de urgencia por sofocarla, se incubó la lógica que llevó al desastre.

Casas Viejas no fue solo una tragedia local. Fue, sobre todo, una advertencia. Mostró hasta qué punto un régimen puede verse desbordado por sus propias tensiones internas; hasta qué punto el orden, cuando se defiende sin medida, puede dejar de ser orden para convertirse en otra cosa.

Y dejó, en fin, una lección incómoda: que la legitimidad de un poder no se prueba en sus aciertos, sino en la manera en que afronta sus errores. En Casas Viejas, la República no supo —o no quiso— estar a la altura de esa prueba.